Garay indicó a radio La Voz que en una presentación realizada el 3 de diciembre, en el Juzgado del doctor Coglionese, se solicitó una nueva instancia de diálogo como "para lograr encontrar que estos ciudadanos tengan dónde vivir, tomando en cuenta que hay menores, y una persona enferma".
La abogada de los titulares del lote, de 5 hectáreas, es la doctora Liliana Cabrera Bustos.
"Eso fue el día jueves. el día viernes, estuvimos hasta último momento una resolución, que no salió", apuntó.
"Me llena de impotencia e indignación que no se haya tenido en cuenta. La Defensoría no discutía un fallo judicial. Ví que el juez corrió vista al Copnaf, al Defensor Oficial del Pobres y Menores, y al Fiscalía del Estado. Viendo la extrema violencia que hubo, y que podía pasar nuevamente, creíamos que por el diálogo se podía llegar a otra instancia que no fuera el desarrollo forzado", estimó Garay, "porque el Ministerio de Desarrollo Social había accedido a aportar los materiales, si es que se conseguía un terreno".
Garay también señaló que "esta gente inició un juicio de usucapión, pero quedó, vaya a saber por qué motivo, a mitad de camino".
Posteriormente, Garay indicó que "la orden judicial de desalojo solicita la intervención del Grupo Gía en el procedimiento. Estuve en muchos desalojos, pero nunca ví algo así. Pero la intervención de grupos especiales, fue algo solicitado por el juez".
(La Nota digital)
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