El Tribunal, integrado por María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Luciano Lauría, juzgará a los imputados Rodolfo Valentino Cóceres, de 26 años, y Rodrigo Ismael Sosa, de 22, quienes en el proceso de instrucción de la causa confesaron el crimen.
El homicidio es investigado por la Justicia Federal debido a una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó que se ventile la causa en ese fuero hasta tanto se descarte por completo que no hubo un móvil de tinte político.
Suppo era una militante social y durante la dictadura estuvo detenida.
Por esa razón, el expediente se dividió en dos causas, ya que se investigó la autoría material y paralelamente si se trató de un encargo de raíz política, ya que Suppo declaró en juicios de lesa humanidad.
La instrucción de la causa comenzó en el Juzgado Federal que encabeza Reinaldo Rodríguez, pero pasó luego a manos del juez federal Francisco Miño por una recusación de los familiares de la víctima.
Suppo fue asesinada en la mañana del 29 de marzo de 2010 mientras atendía un comercio de su propiedad denominado “Siempre Cuero”, en el centro de Rafaela.
La mujer, de 51 años, fue hallada por una clienta y fue trasladada con vida hasta el hospital Jaime Ferré, donde murió pasado el mediodía producto de al menos siete puñaladas.
Por el crimen fueron detenidos en las horas siguientes Cóceres, oriundo de la ciudad de Santa Fe, y Sosa, de la ciudad de Ceres pero residente en Rafaela, quienes desde entonces están recluidos en la cárcel de Coronda.
En la instrucción Cóceres confesó el crimen y dijo que se dio en el marco de un robo premeditado, ya que Sosa conocía a Suppo.
Según su versión, usaron cuchillos de Sosa y que fueron dos veces al negocio de la víctima, ya que en la primera oportunidad no se decidieron a concretarlo.
Sosa fue coincidente en adjudicarse la responsabilidad en el crimen y también las declaraciones referentes al botín obtenido y su destino.
En su elevación a juicio, el fiscal Walter Rodríguez pidió que se juzgue a los imputados como coautores del asesinato de Suppo.
Los acusados serán patrocinados por el defensor oficial Martín Gesino, en tanto Martín Suárez Faisal será el representante del Ministerio Público.
En tanto, los hijos de Suppo, Silvia, Marina y Andrés Destéfani, serán querellantes en la causa, a través de los abogados Lucila Puyol y Guillermo Munné.
Durante la dictadura, Suppo estuvo detenida en un centro clandestino conocido como “La Casita”, donde fue torturada y quedó embarazada a causa de las violaciones sufridas, tras lo cual fue sometida a un aborto en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) de la ciudad de Santa Fe.
En octubre de 2009 declaró en una causa por delitos de lesa humanidad ventilada en el Tribunal Oral Federal, que ahora juzgará a sus asesinos.
La mujer narró la desaparición de Reinaldo Hattemer, quien cuando ella tenía 18 años era su pareja, y su posterior secuestro junto a Jorge Destéfani, quien pasados los años fue su esposo y padre de sus hijos.
Fuente: NA
(La Nota digital)
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