Expropiación
“Pediré a los legisladores que consideremos promover la expropiación del estos terrenos, cuya propiedad judicializada es controvertida ya que estas familias los ocupan pacíficamente desde hace más de treinta años”, dijo el legislador del Movimiento Evita: “Amerita que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político pida la remisión de los expedientes, el sucesorio, el juicio de usucapión que oportunamente y hace varios años promovieron los ocupantes y el de desalojo, para ver quienes son los adquirentes actuales, y revisar los títulos y la posible denegación de justicia o existencia de sentencias arbitrarias”.
Violencia institucional
“Denunciamos la violencia institucional y el atropello puesto de manifiesto por grupos especiales de la policía en el intento de desalojo de cuatro familias en el Barrio López Jordán de Paraná”, dijo. Y agregó: “El procedimiento intempestivo, la desproporción de las fuerzas de seguridad utilizadas por la justicia provincial en la pretensión de sacar a las familias del lugar, que habitan desde hace treinta años y la presencia de civiles no identificados más máquinas topadoras, hacen ostensible, grave y violatorio de los más elementales derechos, este suceso”. Dijo el legislador que “el Estado no puede vulnerar la dignidad de las personas de esta manera, ni convalidar procedimientos oscuros cocinados en una justicia que muchas veces protege y ampara a los poderosos, estigmatizando y criminalizando la pobreza”, enfatizo el dirigente del Movimiento Evita”.
“La violencia institucional –continuó– puesta de manifiesto torna cuestionable los criterios de intervención de la Justicia ordinaria, con procedimientos que vulneran la posibilidad de defensa y consolidan injustas resoluciones al amparo de connivencias inconfesables entre intereses empresariales y abogados inescrupulosos”, afirmo el Diputado, quien puso de relieve “lo llamativo de la actitud de los organismos gubernamentales en este caso”.
“Por un lado la ausencia del estado en orden a la protección de los derechos humanos de las familias que se pretende desalojar, que le cabe tanto a varios organismo encargados de velar por la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, de personas con discapidad e incluso de garantizar que quienes habitan allí no sean lanzados a la calle como parias", indicó.
"Ausente en la protección de los derechos de los más débiles, si aparece el Estado en la acción violenta e irregular para sacarlos del lugar”, afirmó Albornoz, al señalar que "el dispositivo policial exagerado, impropio, con personal sin identificación y utilizando gases y pertrechos que nos recuerdan épocas nefastas, las amenazas y la presencia de personas ajenas al procedimiento judicial, prácticamente saqueando y destruyendo las pertenencias de las familias y con máquinas topadoras, es algo inaudito, inadmisible, que no se puede justificar bajo ningún aspecto. Hay suficiente prueba material para demostrar esto que decimos, que acercaremos también al Ministro de Gobierno, Adan Bahl, para que tome cartas en el asunto. Hay miembros de la fuerza de seguridad provinciales desarrollando acciones de amedrentamiento en el lugar, esto genera miedo e intimidación, enrarece y mal predispone también a los vecinos, que se han solidarizado con las familias".
“Entiendo, más allá de la existencia de una sentencia judicial que ordena desalojar, que hay que buscar una solución que no vulnere derechos ni genere violencia. Hay una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Paraná, a cargo del Dr. Luis Garay, ofreciendose como mediador. Hay un fuerte apoyo de los vecinos a las familias ocupantes, que legitiman socialmente su reclamo para no ser desalojados y arrojados a la calle. Estamos en vísperas de las celebraciones cristianas. Como mínimo debe pensarse en generar un espacio de resolución de este conflicto que sea pacífico, contemplando la situación de las personas que viven en el lugar”.
Desarrollo Social
“La Compañía Entrerriana de Tierras, que creamos por inciativa del Gobernador Urribarri mediante ley provincial Nº 10.243 y cuyo Directorio preside el actual Ministro de Desarrollo Social y de Salud, Carlos Ramos, bien podría afectar recursos para adquirir esos predios”.
Albornoz recodó que la Sociedad del Estado denominada Compañía Entrerriana de Tierras tiene por objeto “la adquisición y venta de bienes inmuebles para facilitar el acceso a la tierra y construcción de vivienda, realizar loteos, urbanizaciones, mejoramientos de espacio del hábitat y regularización dominial, atendiendo especialmente las necesidades de trabajadores, jóvenes, familias numerosas, desocupados y en general población con ingresos medios y bajos”, según reza en uno de sus artículos, y está facultada en consecuencia para “adquirir bienes inmuebles para destinarlos a loteos urbanos/suburbanos; realizar los loteos de urbanización y espacios de hábitat” en otras cosas.
Acceso a la Tierra
"Hay que generar mayor accesibilidad a la tierra, mayor afincamiento a la tierra, democratizándola. Y esto que ocurre aquí es todo lo contrario. Solamente con protagonismo y organización de los humildes podremos lograr que las familias tengan su tierra, y desde el estado debemos promover esto, porque se siguen cristalizando injusticias que excluyen, discriminan y condenan a muchas personas a la marginalidad. El Papa Francisco ha hecho un fuerte reclamo y una convocatoria para luchar por la tierra y el techo, nosotros somos eco de su prédica", sostuvo.
(La Nota digital)
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