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10/1/15

El abogado de quienes viven en los terrenos desde “1982” explicó las acciones tomadas hasta ahora y reiteró que “no está resuelta la cuestión de fondo” sobre la propiedad del inmueble.

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El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Paraná, Juan Carlos Coglionesse, hizo lugar al pedido de llevar adelante nuevamente el desalojo de las familias que viven en el inmueble de calle Churruarín de Paraná. El procedimiento aún no tiene fecha, pero se estima que podría concretarse una vez terminada la feria judicial el 31 de enero. El abogado de quienes viven en esos terrenos desde “1982”, Marcelo Boykens, explicó las acciones tomadas hasta ahora y reiteró que “no está resuelta la cuestión de fondo” sobre la propiedad del inmueble, también alertó sobre la situación de “ocho menores” que viven allí

Se cumplió un mes este viernes del intento de desalojo de tres familias que viven en terrenos ubicados sobre calle Churruarín, en barrio López Jordán de Paraná.

“El desalojo está frenado porque no se pudo llevar adelante en aquel momento”, indicó quien defiende a estas personas, Marcelo Boykens.

Sin embargo, informó que “la abogada del actor, Liliana Cabrera Bustos, pidió nuevamente la medida de desalojo a lo que el juez hizo lugar”.

La letrada solicitó “nuevamente que esté el grupo GIA (Grupo de Inteligencia Armada) y además para esta vez solicitó la presencia de un fiscal”, manifestó Boykens.

Si bien “no hay fecha” aún para el procedimiento, explicó que la misma “se fija de común acuerdo entre el actor y el oficial de justicia; no la establece el juez” dijo en alusión a Juan Carlos Coglionesse, titular del juzgado Civil y Comercial de Paraná.

Boykens remarcó que “no está resuelta la cuestión de fondo” que es a quién pertenece el inmueble, y en esa línea indicó que la defensa interpuso “nuevamente la usucapión”, que es “la prescripción adquisitiva por posesión veinteañal”.

Sobre este punto, detalló: “La familia vive en ese terreno desde 1982. Ellos en su momento ya la habían entablado, pero el juicio no llegó a su fin porque caducó la instancia, es decir, se cumplieron los seis meses sin que el abogado a cargo en su momento, moviera el expediente. Entonces caducó pero no se resolvió la cuestión de fondo que era si correspondía o no adquirir la propiedad definitiva del inmueble por la posesión veinteañal”.

El abogado aclaró luego que el recurso de la usucapión “va en paralelo al juicio de desalojo y no lo suspendería, en tanto el juicio de desalojo ya tiene sentencia firme”, completó.

Por otro lado, en diálogo con la agencia APF, alertó que “hay ocho menores” viviendo en el lugar y por ello oportunamente había presentado ante el juez una medida de “no innovar” hasta tanto no se resolviera la situación de estos chicos, “conforme a la convención internacional de los derechos del niño”.

Sin embargo, Coglionesse no asumió el pedido que tras ser recurrido, hoy espera el fallo de la Cámara correspondiente. “De no resolverse seguiremos insistiendo hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, advirtió Boykens.

Para finalizar, lamentó el accionar del Juez: “No puede disponer una medida de desalojo que se lleva a las 6 de la mañana dejando en la calle en horas de la madrugada a ocho menores”.


(La Nota digital)

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